El legado de George W. Bush

Cuando George W. Bush llego a la Casa Blanca el 20 de enero de 2.001, se encontro en una situación heredada de Bill Clinton idílica: una situación de pleno empleo, con el paro constantemente bajando, una economía basada en la alta tecnología con años de diferencia sobre el resto del mundo, unos tipos de interés estables, una productividad y una renta per cápita en continua expansión, una imagen internacional bastante buena, gracias a la simpatía que despertaba Clinton, unas ciudades más seguras y una economía envidiada por el mundo, dónde destacaban las empresas de automóviles, Wall Street, la banca de inversión y unas agencias de calificación en teoría infalibles.

En definitiva, Estados Unidos después de Bill Clinton se hallaba con todo a favor y sin enemigos destacables en el ámbito mundial en el apogeo de su poder.

Pero en tan sólo 8 años, bajo el mandato de la Presidencia de Bush hijo, todo ha cambiado radicalmente: Estados Unidos es más odiado que nunca, sus enemigos no paran de aumentar y cada vez tiene más aliados, el paro sube por cientos de miles al mes, una economía al borde del colapso, dónde las grandes empresas se han visto a la quiebra o a la ayuda estatal, unas agencias de calificación en las que ya nadie confía, la desaparición de la banca de inversión, las tres grandes de Detroit, en especial General Motors, al borde del colapso y un plan de 850.000 millones de $ para salvar a una economía al borde de la depresión del colapso.

Además la Administración americana ha pasado de tener todas las armas a su disposición para afrontar cualquier crisis: un superávit estratosférico, una balanza de pagos equilibrada, los tipos de interés estables, una moneda fuerte y una credibilidad absoluta e inquebrantable.

Desde que llego W. como lo llaman en USA, el Estado ha entrado en una carrera de déficit público basado en seguridad, más seguridad, guerras en el extranjero y olvidandose de las infraestructuras básicas. El déficit comercial es cada vez más grande. El dólar se ha devaluado más de un 50% en apenas 4 años y ya se pone en cuestión su papel como moneda central de la economía. La última medida ha sido bajar los tipos de interés hasta el 0%, con lo que pierde otra arma más contra la crisis.

Con un déficit público en proporciones desconocidas y con compromisos de aumento en los próximos años, ya sólo queda la solución tercermundista a la crisis financiera: darle a la máquina de imprimir billetes. De hecho, ya lo han empezado a hacer, con los riesgos para el valor de su moneda y su credibilidad mundial.

Ante este panorama, EE.UU. ha perdido gran parte de su credibilidad internacional y cada vez necesita más aliados y de más superpotencias para ejercer su liderazgo mundial.

La alternativa a toda esta batería de medias era la siguiente: arriesgarse a una situación muy parecida a la de la Gran Depresión, con estos entrantes: Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Lehmann Brothers, Bearn Sterns, Wachovia y Washington Mutual, entre muchos otros, en quiebra; General Motors, GMAC, Chrysler y sus suministradores (3 millones de empleos) al borde de la bancarrota y el Estado de California al borde de la suspensión de pagos.

Este es el legado que ha dejado el liberalismo ultraconservador de Bush del que sólo se han salvado las "empresas de la guerra", las petroleras, las compañías que financian al partido republicano y, por supuesto, Halliburton.

Ahora a EE.UU. les toca reinventarse de nuevo o perderan su liderazgo mundial. Ahora más que nunca Estados Unidos si que necesita que Dios les bendiga para salir de esta.

La Universidad que necesitamos

La Universidad española se encuentra en una fase decisiva de su trayectoria: el Proceso de Bolonia. Hay muchos que dicen que Bolonia supone la mercantilización de la Universidad, pero ya lo dijeron de otras leyes y normas y la Universidad española sigue exactamente igual, con sus defectos y sus virtudes.

Todas las leyes de educación tienen en principio sus detractores y huelgas, aunque en la mayoría de los casos nadie se conoce de verdad la ley para decir por qué es tan mala y si la ley o el decreto supone en sí misma la mercantilización o el uso que se hace de ella. Lo que deberíamos hacer sería ponernos las pilas y tomarnos este asunto en serio de una vez.

Estudios recientes muestran que la Universidad en España está en cuánto a nivel de exigencia al final de los países desarrollados. FALSO. La Universidad española, comparada por los propios estudiantes tiene un nivel mucho más alto que las francesas e italianas en letras, alemanas en ingenierías y carreras tecnológicas. De hecho la comparativa en nivel de exigencia se refiere muestra que el nivel universitario de estos países es sonrojante comparado con el nivel de nuestras facultades, y eso comparando universidades medianas nacionales con las más prestigiosas de estos países.

El verdadero problema de la Universidad española es su desconexión con la realidad: enseñan unos conocimientos que en su mayoría no sirven para el desempeño profesional, las plazas por carreras no tienen relación con la oferta de trabajo y las prioridades del gasto en enseñanza no están bien definidas.

Esto se ilustra claramente con los siguientes ejemplos:

-En las carreras de Económicas te enseñan durante los dos primeros años a hallar el precio que tiene que tener un artículo según su estructura de costes y en tercero te dicen que el precio lo fija el mercado (¡olé tus c...!) y estudiar teorías económicas como muy tarde de los '70 y sin embargo no hay en toda la carrera una asignatura de inglés, y las prácticas en empresas pueden consistir en hacer fotocopias o (caso verídico) contar tuercas y tornillos.

-Mientras que hay carreras que la sobreoferta de plazas lleva a que en algunas ciudades se exiga una Carrera Universitaria para empaquetar regalos o servir hamburguesas, hay otras como Medicina dónde se tienen que importar profesionales de todo el mundo por la escasez de plazas pese a que hay 8 personas que quieren estudiar Medicina por cada plaza ofertada.

-Respecto a la prioridad del gasto, un ejemplo: en Extremadura, un colegio de primaria situado en cualquier localidad de la región tiene un ordenador de última tecnología por cada dos alumnos, en la Facultad de Económicas hay sólo 10 ordenadores para más de 3.000 alumnos y que son de principios de los '90.

Por tanto, en esta nueva etapa la Universidad debe corregir su graves desperfectos pero sin perder sus ventajas, para que los españoles sigan estando bien formados y las universidades empiecen a ser consideradas en serio y como prestigiosas en el ámbito europeo y mundial.

Necesitamos una Universidad que forme profesionales cualificados y competentes listos para trabajar y con conocimientos amplios, adecuados a sus inquietudes personales y profesionales y a lo que necesitarán en el futuro. En esto nos jugamos nuestro futuro.

Constitución y Estado laico

Ayer se cumplieron tres décadas desde que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado español diera su respaldo a una Constitución, la de 1978, producto de un consenso difícil y no tan ejemplar como algunos tratan de mantener. Si tomamos como base ideológica y política el conjunto del texto constitucional, a pesar de las contradicciones, muchos de los que vivimos aquel hecho esperábamos caminar hacia la separación de la Iglesia del Estado. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: más que caminar hacia un Estado laico, los poderes públicos han mantenido el Estado confesional (últimamente con una cierta pluralidad religiosa), con dos soportes principales: Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.

La Ley de Libertad Religiosa de 1980 hace desaparecer la libertad ideológica: las creencias y convicciones de carácter no religioso son privadas del reconocimiento de cualquier contenido moral o ético, aludiendo a las mismas como “ausencia de convicciones”, lo que supone que, desde el punto de vista político y jurídico, no puede haber un mayor y más brutal atentado al pensamiento humanista y a la libertad de conciencia. Es urgente derogar esta ley para, en su caso, crear una ley de Libertad de Conciencia.

La otra gran coartada son los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979 que mantiene vigente el ideario del Concordato que Franco firmó en 1953. Dichos acuerdos configuran un cuerpo jurídico y político opuesto a los artículos 10.2, 14 y 16 de la Constitución y vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama “la libertad de pensamiento de conciencia y de religión (…) sin que ningún credo o convicción pueda prevalecer o imponerse al conjunto de ciudadanas y ciudadanos”.

Que vivimos en un Estado neo-confesional se evidencia porque, incluso, se ha aumentado la financiación estatal del culto religioso (ampliamente católico); continúa la donación de bienes y patrimonio público a la Iglesia católica y, ahora, muy tímidamente a otras confesiones; se permite a la Iglesia católica que, con dinero público, financie proselitismo religioso a gran escala; se les exonera de impuestos tan importantes para los ayuntamientos como el IBI; y además se le financia la enseñanza del catecismo en la escuela pública en horario lectivo, así como toda la enseñanza en los centros educativos de “ideario católico” que han crecido, cuantitativamente, en los años de democracia.

Además, se siguen organizando actos religiosos de Estado que deberían de tener una finalidad exclusivamente civil, como funerales, apertura de años judiciales y otros eventos. Se mantienen capellanes-funcionarios católicos en el Ejército, cárceles y hospitales, así como simbología y actos religiosos en estos y en algunos lugares públicos, como centros educativos. Los ministros y otros cargos representativos siguen prometiendo o jurando su lealtad al Estado delante de simbología católica. En el código civil y penal existen conceptos del dogma católico y confiere al matrimonio canónico católico efectos civiles (ahora también a otras confesiones en virtud de acuerdos suscritos con el Estado). Los poderes públicos permiten (y protegen) la objeción a profesionales de la sanidad, la judicatura o la educación por cuestiones religiosas, sin tener alternativas que garantice la libertad de conciencia individual de cada persona. Se le permite a la Iglesia católica un supuesto estatus jurídico autónomo para denegar el derecho a cancelación de datos a los ciudadanos que deciden apostatar y en otras materias.

Curiosamente, y a pesar de ello, la jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias sin razón alguna, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo (consiguiéndolo en algún ámbito, como es el de la enseñanza). Y todo ello con la pasividad de los poderes públicos.

La democracia ha de defender de forma clara y precisa el concepto de ciudadanía y la libertad de conciencia, con el fin de evitar que los derechos ideológicos y de pensamiento de cada persona sean ocupados o transgredidos por unos supuestos derechos y fines de una comunidad o grupo que los impone al conjunto (históricamente a la fuerza). Sin la recuperación de la libertad y de la igualdad, sin la recuperación de la conciencia libre como condición irrenunciable del ser humano no podemos hablar de verdadera democracia y, por ello, de haber terminado la denominada “transición política”.

La sociedad española, en cuanto a convicciones y costumbres, ha evolucionado muchísimo en estas tres décadas. El seguimiento práctico a la doctrina que marca la jerarquía católica es cada vez más débil. Crecen otras religiones muy diversas y, sobre todo, aumenta el interés por el humanismo ateo, agnóstico y por otras identidades y convicciones éticas y morales, ajenas a lo religioso. Ello nos hace soñar que, a pesar de la cerrazón integrista e interesada de la jerarquía católica, a medio plazo, podremos ir construyendo un Estado verdaderamente laico, ajeno a dogmatismos y fundamentalismos de cualquier signo, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de nuestras convicciones, creencias o no creencias, nos sintamos cómodos y seamos tratados por igual. Y eso es lo que nos proponemos desde Europa Laica y otras organizaciones sociales y laicistas: seguir trabajando por la verdadera emancipación laica, dentro de los cauces democráticos y con la razón como aliada.

Francisco Delgado es Presidente de Europa Laica. Diputado en la legislatura de 1977

(C) Público. 7 de Diciembre de 2.008