Porque me opongo a la reforma de la Constitución

Hoy escribo para hablar de un tema que me ha indignado especialmente después de la vuelta de vacaciones. Y ese no es otro que la reforma constitucional, esa reforma que nos han impuesto y como todas las pócimas milagrosas para salir de la crisis recetadas hasta ahora, no ha servido para nada. Más nos valdría cambiar de consejeros e incluso de druida.

Pero es que está vez se han pasado de la raya. Han hecho que se cambie nada menos que la Constitución Española, el que hasta ahora era el sancta sanctórum, el Santo Grial de los políticos españoles, que la tenían en un altar como inmodificable cuando los ciudadanos no estaban de acuerdo con ella. Pero ahora, en una semana parece que no hay problema para cambiarla.

Y las razones no podían ser más espurias. Los mercados mandan reformar la Constitución. ¡Toma ya! Y yo que pensaba que España era una democracia. Y encima no ha servido de nada: la prima de riesgo ni siquiera se inmuto por la noticia. A ver si va a ser que estamos malinterpretando a los mercados.

Lo peor es que lo han tratado como un asunto de menor importancia. Y no lo es, es todo lo contrario.

En primer lugar, cuando se ha cambiado la Constitución para satisfacer sus exigencias, a cambio de nada por lo que se ve, es que se está dispuesto a cederles todo.

En segundo lugar, si bien muchas de las erróneas políticas que se había hecho hasta ahora es modificable (las pensiones, si se hacen subidas por encima de la inflación, se puede anular el efecto de la congelación, los funcionarios no volverán a recuperar el poder adquisitivo perdido), la reforma de la Constitución no lo es porque dificilmente se puede cambiar ya que necesita 2/3 del Congreso y ya sabemos quién no la va a querer cambiar de nuevo.

En tercer lugar, porque es casi imposible y casi nadie ha logrado ese raquítico objetivo de déficit cero o 0,4% con un 0,26% para el Estado y un raquítico 0,12% para las autonomías. Y el déficit no se elimina por ley, sino con políticas, a modo de ejemplo ningún país europeo (ni Francia, Alemania o el Reino Unido) ha cumplido el objetivo más de cuatro o cinco veces en los últimos 20 años. Además, los ayuntamientos están obligados a presentar un presupuesto equilibrado y ya ven para lo que ha servido.

En tercer lugar, porque impone la estabilidad presupuestaria a cualquier precio e impide la ejecución de políticas keynesianas, esto es, superávit en tiempos de expansión económica e impulso económico (incurrir en déficit) en crisis. La importancia de poder aplicar políticas keynesianas reside en que sólo hay dos tipos de política económica, la keynesiana (aplicada por la izquierda) y la neoliberal (equilibrio en expansión, reducción del Estado y los impuestos en crisis), la propia de la derecha. En realidad en España se ha aplicado la tercera, la antikeynesiana incurrir en déficit en expansión e intentar el superávit en crisis, con los desastrosos resultados obtenidos. Pero esa es otra historia.

Pero es que además en la Constitución no pueden ni deberían quedar establecidas políticas económicas, sino que sería el Gobierno de turno el que las establezca en base a su programa electoral.

La importancia de esta medida reside en que España en crisis ha llegado a tener un 10% de déficit, con importantes caídas de la recaudación (ingresos), si hubiese tenido que conseguir un déficit del 0,4% hubieran sido necesarios cerrar hospitales (no plantas, hospitales), eliminar el subsidio de desempleo, recortar pensiones, eliminar las becas y un largo etcétera que hubiese llevado al país a más paro y a la aparición de enormes bolsas de pobreza (ya no necesitaríamos inmigrantes, tendríamos los pobres en casa, como cuándo el tío Paco).

Y, en último lugar, la forma de hacer la reforma sin consultar al pueblo, me parece terrible porque socava los fundamentos de la democracia.

Por todos estos motivos, yo estoy a favor de un referéndum vinculante el 20-N y, si lo hay, votaré no a la modificación del artículo 135 de la otrora sagrada Constitución Española.