El conflicto del Sahara

El conflicto del Sáhara representa la peor pesadilla que puede haber para un gobierno español en materia de diplomacia exterior.

Por un lado, no hay que olvidar que el gobierno español de la época dejo tirada literalmente a los pies de los caballos a la nación saharaui. Se desentendió del todo y hubo un pacto no escrito para entregárselo al vecino del sur. Pero el hecho es que este anuncio nunca fue oficial, y la ONU no reconoce a Marruecos como país soberano en el territorio de la antigua provincia española del Sahara Occidental, que es lo que sigue siendo. Por tanto, España tiene una deuda histórica, al no finalizar el proceso de descolonización, con la República Árabe Saharaui Democrática.

Sin embargo, Marruecos es nuestro vecino del sur, y es necesario su apoyo para mantener seguras, vigiladas y controladas nuestras fronteras. Gracias a su colaboración ya no hay pateras que cruzan el estrecho, está más o menos controlada la entrada en Ceuta y Melilla y dependemos de ellos para dificultar el narcotráfico en nuestras costas y supone un freno a la expansión del terrorismo islámico. Y no es perfecto, pero hay países árabes mucho peores. Además cada día crecen los intereses económicos y conviene tener buenas relaciones con la puerta de África.

Explicada la situación, el reciente conflicto del Sáhara ha supuesto un desafío para la política exterior española, sobre todo teniendo en cuenta el relevo ministerial. El ataque hacia el campamento saharaui, que no pedía la independencia, sino simplemente mejorar las condiciones de vida de los saharauis, ha sido monstruoso, y las represalias brutales. No hay demasiadas imágenes, pero los testimonios y el boicot informativo hablan por sí solos.

Marruecos representa el auténtico “grano en el culo” de la política exterior española, ya que nos ha tocado un vecino horrible, pero no es de recibo que tengamos que aguantar sus ataques o que cada vez que haya un problema interno salga cuestionando el status quo de Ceuta y Melilla o con disparates como reclamar islas perdidas (véase Perejil), para tapar escándalos de política interna.

Así pues, el Gobierno de España debe decidir si opta por la defensa de los Derechos Humanos, pisoteados en el conflicto del Sahara y se pone de parte del oprimido como le reclaman no sólo sus bases sino la inmensa mayoría de la población española, o bien, hacer prevalecer los intereses geopolíticos, estratégicos y económicos, y hacer de la realpolitik su moneda de cambio en política exterior.

Por desgracia, parece que ya ha elegido la segunda.