Ni cien días de Gobierno

 Hoy no hace ni cien días de que el Partido Popular entro en el Gobierno de España. Y, sin embargo, su avalancha de actuaciones contradice este hecho de un tiempo que antes se tardaba en empezar a poner en marcha los proyectos. Pero ellos no, ellos tenían muy claro que proyecto de país querían, los que no lo sabíamos éramos nosotros.

El Gobierno del PP contaba con la legitimidad de origen de haber ganado las elecciones, lo cuál le permitía aplicar un amplio abanico de posibilidades, máxime teniendo en cuenta el hecho de que al no haber concurrido con un programa electoral a las elecciones tenía más amplitud de miras. Su programa máximo se resumía en una cuestión: "No ser Zapatero". Y, sin embargo, lo ha superado en sus errores. y ha dado un giro copernicano en sus aciertos.

Desde luego, esta consiguiendo cambiar España. Que España no la reconozca nadie, o mejor dicho, que sólo se la reconozca mirando al pasado.

En este tiempo el PP incluso ha incumplido sus pocas promesas electorales: dijo que no subiría impuestos, que haría "una bajada selectiva", mintió (sólo hay que mirar la nómina) y dijo que no abarataría el despido y sólo hay que ver lo que pasó y mintió que iba a subir las pensiones (la leve subida del 1% se pierde con la subida de las retenciones).

El Gobierno del PP ha sumido en el país en un miedo permanente, consistente en azuzar día a día el fantasma del recorte y no en balde sino que ha demostrado los motivos que teníamos para temer.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido desde que llego al Gobierno subir los impuestos a los trabajadores, suprimir la ayuda al alquiler, paralizar la Ley de Dependencia, congelar el salario mínimo, reducir el presupuesto de investigación, el de cooperación al desarrollo, crear un presupuesto que pone en peligro la viabilidad de la televisión pública mientras crítica su independencia, establecer una reforma financiera que permite que los bancos compren cajas y hacer desaparecer prácticamente la figura de las cajas de ahorro, ha cambiado la regla del déficit hasta prohibirlo y creando un delito de práctica de política de estímulo o keynesiana, pretendiendo llevar a la cárcel a quién no comulgue con sus ideas en materia presupuestaria mientras sus amigos se han hinchado con la corrupción y salen impunes, ha rescatado de la quiebra a la Comunidad Valenciana,  ha criminalizado a los sindicatos y ha hecho norma de la persecución de profesores y empleados públicos como responsables de la crisis, ha planteado la desaparición de la autonomía de Comunidades Autonómas y ayuntamientos, ha decreto la quiebra selectiva de algunos de ellos, ha llevado la ley del aborto a los '80, ha olvidado las políticas de igualdad, borrado todo rastro de la Memoria Histórica, planteado reabrir el juicio del 11-M, ha cambiado las ayudas a la cultura por ayudas a los toros, ha hecho prácticamente desaparecer la figura de la Ley para sustituirla por el Real Decreto y ha cambiado la política parlamentaria y la negociación por la imposición en el BOE (los cambios sólo se anuncian y se conocen leyendo el Boletín Oficial del Estado) y ha impuesto la reforma laboral.

Y que hace la reforma laboral: abarata el despido hasta menos de la mitad de la indemnización, crea cualquier causa como motivo de despido, desde reducción de ingresos (ni siquiera de beneficios) hasta el ponerse enfermo como causa objetiva de despido, sin olvidar razones organizativas o de competitividad (vamos, que le da la gana), permite que a cada empleado individualmente le pueda rebajar el sueldo (sin justificación), cambiar el horario, sus funciones o la localidad de trabajo y que su alternativa sea irse, los ERE no necesitarán autorización administrativa y por tanto no se negociarán, el empresario que contrate al parado podrá cobrar parte de sus derechos a la prestación por desempleo, primarán los convenios de empresa sobre los sectoriales o nacionales (dando un giro de 180º a la legislación laboral), primando la decisión bilateral entre empresario y trabajador (todo el mundo sabe que después de la entrevista se inicia una negociación sobre el sueldo y las condiciones de trabajo, sobre todo en un país con cinco millones de parados).

Pero sobre todo lleva dos grandes cambios: invierte la carga de la prueba dónde el trabajador tiene que demostrar que el despido es improcedente (como demostrar que no has matado a alguien), destruyendo el espíritu de la legislación laboral y permite el despido del personal laboral por insuficiencia presupuestaria (por ejemplo, bajando el presupuesto, lo cuál es una DECISIÓN POLÍTICA), lo que autoriza despidos de empleados públicos, independientemente de que hayan aprobado unas oposiciones.

En definitiva, convierte a todos los trabajadores de este país al riesgo permanente del despido y hace que la estabilidad laboral pueda desaparecer en cualquier momento.

Esta es la política que ha llevado el Gobierno de Rajoy desde que entro en el Gobierno, con una justificación ya muy cansina "la culpa de todo la tiene Zapatero". Y mientras nosotros cada día nos despertamos con un susto en nombre de un déficit que no se reduce, en el de ayudar a unos parados que cada vez son más (excepto entre los familiares del PP) o una prima de riesgo que no baja ni a tiros.

Ante esta política que esta llevando a la destrucción de España, debemos pasar a la movilización permanente, porque no le importará mientras el enfado se quede en casa. Para ello y antes de que acaben los primeros 100 días de Gobierno, podemos hacer dos cosas para mostrar nuestro desacuerdo con una política de ajuste de los de siempre, venganza y revanchismo:

-Votar masivamente en Andalucía y Asturias, para impedir que los recortes afecten allí más todavía, e impedir su Gobierno y la instalación de un régimen de partido único en España.

-Secundar la Huelga General del 29 de Marzo y hacer que España sea un clamor contra la reforma y una política que sólo crea pobreza, paro y recesión.

Si lo hacemos, se arrepentirán de habernos jodido casi tanto como nosotros de haber elegido.